La delincuencia en nuestro país sigue avanzado a pasos agigantados; no existe una zona segura en donde no se realice un acto que cause terror en la población. En las noticias locales se narran historias de víctimas del delito de extorsión, robo, secuestro, asesinato, entre otros. ¿Cuál es la respuesta del Estado frente al incremento de la delincuencia? No existe una respuesta que frene el aumento de actos que atentan contra la seguridad de la ciudadanía. Tan grave es la situación que vivimos, que el mismo Presidente del Poder Judicial declaró que “Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”. Al decir ello considera –lógicamente- que el Plan Bukele ha sido un éxito en El Salvador y debería ser aplicado en nuestro país. De igual forma el presidente del Consejo de Ministros sostuvo que “El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad”; sin embargo, debemos considerar que son dos realidades distintas. Lo cierto es que la población vive con temor y es el Estado el encargado de brindar seguridad jurídica.
¿De qué se trata el plan Bukele?
El plan Bukele principalmente se enfoca en tres áreas: control de los centros penales, interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Para ello se debe aplicar un régimen de excepción, el cual suspende derechos y garantías que se encuentran contempladas en la Constitución.
Ahora, para aplicar dicho plan se ha desmantelado la carrera judicial y la Corte Suprema de El Salvador ha sido tomada por el poder político; por ello, dicho plan no sería aplicable en nuestro país ya que –actualmente- nos regimos por las normas establecidas en el Código Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal. Según las normas actuales, un proceso penal puede demorar entre cuatro o diez años hasta que se logre una sentencia contra el acusado y se le imponga una pena privativa de libertad. En El Salvador se tuvieron que aprobar juicios colectivos, toda vez que diariamente se realizaban capturas de los pandilleros y el sistema judicial –evidentemente- colapsó por la cantidad de detenidos. Esa es una de las razones por las cuales dicho plan no podría ser aplicado en nuestro país ya que, de aplicarse, se tendría que modificar todo el sistema, lo cual implicaría también un cambio en la Constitución.
El Plan Bukele principalmente se enfoca en las condiciones carcelarias de los detenidos; no obstante ¿qué hay de los que siguen cometiendo delitos? Por ello debería pensarse en un plan integral que también abarque una labor de prevención; pero, principalmente, debe acabarse con la corrupción de la Policía Nacional, ya que cuentan con las herramientas necesarias para hacer frente a la delincuencia.
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